En una carta al presidente de la República, el presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, defendió su iniciativa de conformar Frentes Solidarios de Seguridad y Paz alrededor de las organizaciones gremiales ganaderas en las regiones, como una forma pacífica y solidaria de colaborar con la Fuerza Pública y con las autoridades.
Doctor
GUSTAVO F. PETRO URREGO
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad
Señor presidente:
Comenzando el año, el 5 de enero, escribí una columna de opinión en la que le pedía al
Estado como un todo, es decir, al Gobierno, a la institucionalidad pública y también a la
sociedad civil, que “no nos dejen otra vez solos”, que “no repitamos la historia”.
La historia del miedo
Me refería a la historia de las violencias, del paramilitarismo y de la salvaje estigmatización
de la ganadería y de los ganaderos desde entonces. Es una historia, sin embargo, señor
presidente, que no empieza en la década de los 80 – 90, sino más atrás; una historia que,
además, tiene lecturas diferentes dependiendo del lente ideológico a través del cual se la
mire, y tengo claro que el nuestro no es solo diferente sino opuesto, pero es entre opuestos
que se logran acuerdos alrededor de lo sustantivo; es con opuestos que se puede cambiar
la realidad del país, o bien, elegir la opción de continuar ensanchando diferencias y
destruyendo puentes.
Pero esta es también la historia del miedo; y el miedo es el peor de los consejeros. Desde
la década de los 60, las guerrillas comunistas, las Farc principalmente, declararon al gremio
ganadero enemigo y objetivo militar. La violencia exacerbada contra la ganadería y contra
lo rural, sumada a la indolencia de la sociedad y de sus instituciones, impulsó a algunos a
traspasar la línea de la legalidad y, por ese camino, no solo se convirtieron en un remedio
peor que la enfermedad, sino que le dejaron al gremio la herencia maldita de la
estigmatización.
Para comienzos de la década de los 90, los ganaderos, que ya eran más de 500.000,
quedaron entre dos fuegos y entre dos miedos: la guerrilla y los llamados paramilitares;
extorsionados, amenazados y despojados por ambos actores violentos, muy pronto
absorbidos por el narcotráfico.
Esta, señor presidente, es una historia con cifras, aunque la historia de la victimización en
Colombia ha sido también selectiva. A manera de ejemplos solamente, en junio de 1995, el
ELN asesinó a Nelson Martelo, presidente de Fedegasucre, y dos meses después, el 30 de
septiembre, las Farc asesinaron a José Raimundo Sojo, expresidente de FEDEGÁN. Ese
año, 50 ganaderos fueron asesinados y 527 secuestrados. En 1997, cuatro sedes de
gremios ganaderos en Córdoba y los Santanderes sufrieron atentados dinamiteros. Ese
mismo año, 37 ganaderos fueron asesinados y 410 secuestrados.
En 2002 fueron dinamitadas las sedes de dos gremios ganaderos y ese mismo año, 27
ganaderos fueron asesinados y 568 fueron secuestrados. Al año siguiente las FARC
utilizaron un arma de guerra contra la sede de Fedegán, en un intento fallido para asesinar
a su presidente. Ese mismo año, 13 ganaderos fueron asesinados y 232 secuestrados.
En 2007, La Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, se dio a la tarea de hacer visible
la victimización Ganadera, a través de su programa “Acabar con el Olvido”, con dos
informes, el primero (2009) con un listado preliminar de 3.293 víctimas de secuestro y/o
asesinato, y el segundo (2013) con un total de más de 6.000 víctimas ganaderas de
diferentes delitos perpetrados por diferentes actores.
Los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz
Inicialmente, ante la proliferación de las invasiones de tierras, Fedegán promovió la
iniciativa de las Brigadas Solidarias Ganaderas, un primer intento de unirnos alrededor de
nuestra institucionalidad gremial regional, pacíficamente y con total apego a la ley, para
apoyar a los ganaderos afectados y para colaborar con las autoridades. No hay solo caso
de desbordamiento.
Hoy asistimos a una escalada de inseguridad y violencia que, a juicio del propio ministro de
Defensa, desborda la capacidad de la Fuerza Pública por la acción de grupos armados
ilegales ejerciendo control territorial y hostigando a la población civil. Los recientes hechos
en Tuluá, Valle, y en Segovia, Antioquia, son ejemplos de esa compleja realidad de
cooptación de la sociedad civil y de las autoridades por parte de actores violentos hoy
hermanados por el narcotráfico, que suman 300.000 hectáreas sembradas de coca y se
han diversificado hacia la minería ilegal, la extorsión, el microtráfico en los centros urbanos
grandes y pequeños, y toda suerte de delitos.
En lo que hace a la ganadería, amarrada a la realidad rural, cualquiera que ella sea, sin
posibilidad de “irse con sus vacas a otra parte”, es latente el riesgo de que el regreso del
miedo a perder el sustento, la libertad y la vida, resucite la idea de “comprar seguridad” y
entrar en un diabólico círculo vicioso de extorsión y mayor inseguridad, pero ahora en
manos de delincuentes que la ofrecen en todo el territorio nacional. Esa es, señor
presidente, la historia que no queremos que se repita.
Esa es la razón de ser de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz; y era nuestro propósito
que el país, que parece estar de espaldas a la realidad de nuestra inmensa ruralidad, de la
cual hace parte la ganadería, entendiera la necesidad de unirnos solidariamente, no para
enfrentar armados a los bandidos que hoy controlan gran parte del territorio nacional, ¡ni
más faltaba!, sino para tomar medidas de prevención contra la delincuencia y, sobre todo,
para colaborar de una forma articulada con la Fuerza Pública y con las demás autoridades
en los territorios: alcaldes, personeros, jueces y fiscales, algo que entendemos como un
derecho y como un deber ciudadano.
Ese clamor –“no nos dejen otra vez solos”-, entendido por amplios sectores de opinión
como un legítimo reclamo, no ha tenido, lamentablemente, la misma receptividad por parte
del Ministerio de Defensa Nacional, obligado constitucionalmente a brindar protección a la
vida y los bienes de todo ciudadano; y ninguna receptividad en los sectores dedicados a la
estigmatización de la ganadería.
¡Es la resurrección del paramilitarismo!, se afirma, con intención o con ligereza, sin
informarse y sin medir las consecuencias de semejante imputación, por la tremenda carga
negativa, justificada históricamente por demás, que esa connotación de “paramilitarismo”
tiene en la conciencia colectiva del país. ¡Es la resurrección del paramilitarismo! y, muy
rápidamente, en la perversa confusión de las redes, esa falsa narrativa criminaliza la
iniciativa de Fedegán de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz
Hace ya varios años que la Policía Nacional implementó la “política pública” de los Frentes
de Seguridad Ciudadana, de los cuales existen más de 33.000 en las ciudades y, como
parte de esa misma política, algunas actividades de la economía -urbanas, por supuesto-
se han organizado también en más de 4.000 Frentes de Seguridad Empresarial.
Entonces la pregunta se impone: ¿Por qué lo permitido a los ciudadanos “urbanos” le es
vedado a los ciudadanos “rurales”? ¿Por qué lo permitido a otros colectivos de la economía
nacional le es vedado a la ganadería y a otros sectores de la vida rural?
La verdad, no esperábamos comprensión de quienes siempre nos estigmatizan, pero sí la
esperamos de su Gobierno, señor presidente. No en vano logramos puntos de encuentro
alrededor de nuestra convicción de que “la paz pasa por la recuperación del campo”, que
nos llevaron a firmar el Acuerdo para la compra de tierras para la Reforma Rural Integral;
no en vano el Congreso de Ganaderos en pleno aprobó mi participación en la delegación
gubernamental en las negociaciones con el ELN, a partir de la solicitud que usted
públicamente me hiciera en ese, nuestro máximo evento gremial.
En días pasados, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, saludó la
iniciativa de Fedegán “de ayudar y contribuir con la seguridad”, pero ese apoyo de quien
lidera la política de Frentes Ciudadanos de Seguridad, fue borrado por las declaraciones
del ministro de Defensa, Iván Velásquez, según las cuales “El Gobierno no apoya ningún
proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto
delictivo, esa es una forma de autodefensa con la que no estamos de acuerdo”.
No puedo entender que los “particulares ganaderos” no puedan organizarse para construir
pacíficamente un tejido de protección solidaria frente a la delincuencia, pero los demás
particulares sí puedan hacerlo. No puedo entender que los ganaderos deban permanecer
inermes frente a la violencia, porque su colaboración con las autoridades, que en otros
sectores es “ciudadana”, en nuestro sector es calificada como “una forma de autodefensa”.
No puedo entender la comparación facilista con las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad
Privada, organizaciones que no fueron inventadas por los ganaderos, con quienes se las
identifica, sino creadas por el gobierno Gaviria (D.L. 356/94), implementadas por el gobierno
Samper, bautizadas espuriamente como Convivir por la Superintendencia de Seguridad de
la época (Res. 368/95), y declaradas exequibles por la Corte Constitucional (S. C-572/97),
con la única limitación de no utilizar armas privativas de la Fuerza Pública. En esa condición,
las Convivir no eran en nada diferentes a las empresas de seguridad privada que operan
en las ciudades bajo la vigilancia de la Superintendencia de Seguridad, vigilancia que fue
incapaz de ejercer en el sector rural. Una vez más, el entorno urbano del país parece de
mejor familia que el rural. No todo lo que se puede en las ciudades se puede en el campo
abandonado, que debemos recuperar para restituir el equilibrio y alcanzar la paz.
Con el respeto debido hacia un funcionario público, considero que, si el ministro manifiesta
no estar de acuerdo con “la organización de grupos ciudadanos para enfrentar directamente
expresiones delictivas”, algo que nunca haríamos, es porque no ha leído mis exhaustivas
explicaciones sobre la naturaleza pacífica y colaboracionista de los Frentes Solidarios de
Seguridad y Paz, inclusive en el diario EL TIEMPO, el de mayor circulación del país. Con el
mismo respeto considero que el ministro debería rectificar sus apreciaciones, no solo
porque no se ajustan a la realidad, sino porque van en contravía de una política pública de
la Policía Nacional de vieja data.
Sigo creyendo, por el contrario, que la colaboración constructiva y pacífica entre la Fuerza
Pública, la institucionalidad relacionada con el desarrollo y la vida rural: alcaldes,
personeros, jueces, fiscales y todos los estamentos de la sociedad, sin exclusiones, que
hacen parte de ese entorno rural del cual el país tanto se enorgullece, pero tan poco se
preocupa, es el camino hacia la paz y una suerte de prototipo del Gran Acuerdo Nacional
que ese mismo país sigue esperando.
Quedo a la espera, señor presidente, de que pueda concederme una audiencia para revisar
nuestros propósitos comunes y tratar estos temas de interés para la ganadería colombiana
y la vida rural.
Cordialmente,
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo
